La crisis hídrica y la escasez estructural del agua en Andalucía se agrava, en el contexto de una larga sequía intensificada por los efectos del cambio climático. Al déficit de precipitaciones se añaden periodos de altas temperaturas anormales, como las que padecimos en abril, seguidas de varias semanas de bajas temperaturas y precipitaciones locales torrenciales. La situación concreta que afecta a Andalucía se corresponde con las señales que están dando los científicos expertos en alteraciones climáticas: el cambio climático se está acelerando más de lo previsto y ya está manifestándose en estos episodios concretos.
Sin perder de vista lo anterior, el déficit de recursos que padecemos en Andalucía no se debe, solamente, a una reducción excepcional y prolongada de las lluvias, sino a un desequilibrio permanente entre las demandas y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, ocultado por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas.
Los ecosistemas, el sector agrario, tanto regadíos como ganadería extensiva, están sufriendo duramente esta situación, a la vez que numerosas pequeñas y medias poblaciones ya padecen restricciones y problemas de calidad en su abastecimiento. Por su parte, las grandes poblaciones y áreas metropolitanas resisten todavía sin cortes en el suministro el quinto años de sequía, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior gran sequía de 1991-1995.
Los expertos sobre gestión de sequías valoran positivamente el enfoque de gestión de riesgos que se introdujo en la Ley de Plan Hidrológico Nacional de 2001, con la fórmula de Planes Especiales de Sequía (PES) de cuenca hidrográfica y de Planes de Emergencia de Sequía en ámbitos urbanos. La anticipación y la definición objetiva de indicadores y umbrales antes de que llegue la sequía es positiva. Sin embargo, en los PES aprobados en las cuencas de Andalucía, las situaciones de sequía prolongada y de escasez no están bien definidas y no responden a suficientes y adecuados indicadores. No acaba de asumirse que la denominada escasez coyuntural es en realidad una escasez estructural que exige enfrentar el desequilibrio entre demandas y recursos con una reducción, con criterios sociales, económicos y ecológicos, de las primeras. Los PES tampoco enfocan bien la gran importancia de las aguas subterráneas, especialmente en situaciones de sequía y con escenarios añadidos de cambio climático. Las aguas subterráneas, que son fundamentales para la supervivencia de los caudales ambientales y los ecosistemas terrestres dependientes del agua, no reciben el tratamiento adecuado y suficiente en estos planes.
El debate desarrollado en la Jornada ha abordado el problema de los impactos de la sequía en los abastecimientos urbanos, el uso prioritario para toda la población y el 95% de la actividad económica. No existe una normativa suficiente que regule la programación de la sequía en el ciclo urbano, y la que existe no se cumple. Allí donde hay planes de emergencia de sequía elaborados participativamente se está comprobando sus efectos positivos, permitiendo aplicar con antelación las medidas de control y ahorro, amortiguando la conflictividad. Allí donde estos planes se han elaborado sin participación, no existe un seguimiento adecuado de su aplicación.
Por otra parte, en la Jornada se han analizado los contenidos y enfoques de los diversos Decretos de Sequía que se han sucedido en los últimos años (tres autonómicos de Andalucía y dos estatales). Hay que señalar que estos decretos en buena parte mantienen la perspectiva tradicional de respuesta reactiva a la sequía. Se presentan como contenedores que aprovechan la declaración de emergencia y de interés general para articular contenidos que van desde las moratorias de los cánones y tarifas de riego hasta la reforma de artículos importantes de la Ley del Agua.
El último decreto autonómico de sequía ha sido redactado sin diálogo, y es totalmente insuficiente, tanto para el sector ganadero y agrario como para muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales que tienen que hacer frente a los problemas de suministro que ya comienzan en muchos pueblos de Andalucía. Hay falta de participación y ausencia de planificación y de equilibrio en la distribución de los recursos, con concentración de una gran parte de ellos en una pequeña parte del territorio. Las propuestas de reutilización de aguas regeneradas no pueden suponer reducción de recursos ya utilizados por reutilización indirecta o por ser la base de caudales ambientales ya muy mermados. No se pueden olvidar los déficits de depuración todavía pendientes de resolver como los de Matalascañas, Alhaurín el Grande y Barbate.
En la sesión destinada a la intervención de los agentes sociales, la Mesa Social del Agua, que viene trabajando conjuntamente desde 2018construyendo consensos compartidos, confirma su crítica a la confusión entre escasez coyuntural (propia de un tratamiento desde la perspectiva de la gestión de sequías) y escasez estructural, asimilable a la sobreexplotación, que debe ser objeto de la Planificación Hidrológica regular. Ratifica su denuncia a un modelo de modernización de regadío que promueve la intensificación de cultivos leñosos, protagonizada por grandes explotaciones ajenas al territorio, que además no reduce los consumos netos de agua y por tanto no contribuye a la imprescindible adaptación a los impactos del cambio climático en las cuencas andaluzas.
Nos parece inaceptable la pervivencia año tras año de guetos de trabajadores en condiciones de vida y laborales indignas. De la misma manera, hay que evitar que los impactos de la sequía puedan deteriorar las condiciones del conjunto de los trabajadores del sector.
En relación con la reducción de dotaciones que vienen sufriendo los regadíos de aguas superficiales por tercer año consecutivo, la Mesa confirma su posicionamiento a favor de un reparto de los recursos que incorpore criterios, técnicos, sociales y ambientales para el reparto del agua, que garantice la supervivencia de la explotación familiar profesional y la de los ecosistemas acuáticos, oponiéndose a reducciones lineales de las dotaciones. .
Por lo que se refiere a las cesiones de derechos de agua de aquellos regantes que no estén en condiciones de utilizarlos dadas las reducciones debidas a la sequía, la Mesa reafirma su posición favorable a la reasignación de estos derechos bajo control público a través de las autoridades del agua, utilizando la fórmula de centros de intercambio que la Ley de Aguas prevé. La Mesa reitera su posición en contra de los mercados del agua sin unas normas adecuadas que garanticen el control público del intercambio de derechos de uso de bienes públicos entre los distintos agentes,.
La información pública y la participación activa son dos de los principios fundamentales en los que se apoya la gestión y planificación del agua. La Mesa Social valora críticamente que se haya perdido la ocasión, tanto en la actual como en anteriores legislaturas, de reformar la Ley del Agua y los Reglamentos que la desarrollan para establecer un modelo de gobernanza del agua realmente coherente con los planteamientos y los objetivos que la Directiva Marco del Agua ya estableció desde su aprobación en el año2000.
Nos preocupa que algunos avances en gestión y planificación con participación pública desarrollados por algunos sistemas del ciclo urbano del agua de poblaciones, como el área metropolitana de Sevilla y Cádiz, se puedan ver afectadas y sufran retrocesos a consecuencia de los cambios de composición de las autoridades municipales que los gobiernan.
La Mesa defiende la conservación de los ríos, humedales y acuíferos, así como el reparto del agua teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y técnicos. Mientras algunos sectores dudan o relativizan la crisis hídrica profunda que afecta a Andalucía y en general a toda España, la Mesa está trabajando un paso más adelante, criticando los falsos mitos de crecimiento ininterrumpido y pensando ya en la necesaria transición hídrica, que tiene que ser una transición equitativa y justa.
