En febrero de 2014, los andaluces y andaluzas llevaban a sus espaldas más de siete años de lo que se ha dado en llamar crisis económica, aunque esta faceta no sea más que los síntomas de mayores y poderosas carencias, sociales e institucionales. Si la aterrizamos en las consecuencias de la vida diaria, como paro, carencias, deterioro de servicios públicos, conflicto social, desigualdad, emigración, cuando no en marginación, pobreza, dolor, es indiscutible que los últimos diez años han supuesto mucho daño para la sociedad andaluza.
La falta de reacción, de adopción de medidas de mitigación por parte de entidades públicas y privadas, había derivado en 2014 en un clima de indignación social que no desembocó en grave conflicto social gracias a la conciencia colectiva, a la solidaridad de vecinos y familiares. A pesar de ello, las manifestaciones se sucedían, los colectivos profesionales se unían y rebelaban, las corrientes populares se colaban por todas las redes sociales, el pesar andaba a sus anchas por las calles. Otros ingredientes como la partidocracia, la corrupción, los recortes, la burocracia aderezaban la sensación de abandono de la sociedad civil, de las pequeñas empresas.
