El sector agroalimentario ha asumido la responsabilidad de surtirnos de alimentación en esta situación de crisis sanitaria, como sector estratégico y básico.
La agricultura,la ganadería y la pesca en España son un referente en sostenibilidad y manejo experto, lo que hace de sus productos de los mejores del mundo.
La Fundación Savia considera necesario mejorar la gobernanza del sector por salud, por economía y por fortaleza social. Por ello, proponemos crear un Observatorio –Comisión de Emergencia y Coordinación del Sector primario, compuesta por los Ministerios competentes y los agentes sociales, económicos y empresariales para tomar medidas de urgencia con los debidos protocolos de seguridad y salud.
Instamos al Ministro de Agricultura, Luis Planas, a tomar medidas que impliquen la promoción de alimentos de proximidad y kilómetro cero, al igual que una campaña de concienciación y educación ciudadana; garantía de canales adecuados de distribución; establecer los protocolos necesarios de seguridad y salud en el sector, así como en plazas de abasto y mercados tradicionales; suministro de productos ecológicos a los servicios esenciales públicos y privados; moratoria de veda del caladero pesquero de bajura y marisquería, del mismo modo que unos ingresos dignos de laf lota pesquera y la industria conservera y el sector auxiliar; soporte voluntario al sector primario y a las personas dependientes, entre otras,para garantizar el reparto de alimentos a domicilio; y la habilitación temporal de personas en situación irregular para cubrir la mano de obra necesaria para el sector en situación de recolección.
“La puesta en marcha de estas medidas contribuiría de manera decisiva a mejorar nuestra gobernanza en una situación en la que el simple paso del tiempo la hace empeorar”, afirma Francisco Casero, Presidente de la Fundación Savia. Y añade, “debemos actuar con prontitud, decisión y firmeza para garantizar el óptimo funcionamiento de la producción, transformación y distribución de alimentos”.
La Fundación Savia considera que debe establecerse una barrera clara que evite los fallos del sistema y, sobre todo, las prácticas abusivas e injustas, garantías que deben establecerse desde el Gobierno del Estado.
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